30.9.10

Justo e Oportuno


PCP tenta travar congelamento do salário mínimo

O Receituário de Bruxelas



















O mínimo denominador comum de recomendações de políticas económicas - políticas de estabilidade e pactos de crescimento- idealizadas e implementadas pelas instituições da união monetária europeia e que deveriam ser aplicadas nos países da zona euro que poderíamos designar como o consenso de Bruxelas arrisca transformar-se num receituário que a coberto do ruído dos mercados acabe silenciando a democracia.

Entre a austeridade e a falência dos estados emergem sinais em que os inimigos da democracia agem por vezes com a cumplicidade das autoridades dos estados. Alguns acontecimentos na periferia da zona euro ilustram a cegueira do dogmatismo económico que arrisca transformar a crise de dívida numa bomba relógio ao retardador quando se acumulam factores de crise sem que se vislumbre uma saída para a zona euro que não seja a saída involuntária por falência da dívida soberana.

[Continua]
"Por este caminho o País vai ao fundo"

Brasil. Balance de ocho años de gobierno Lula: “Un social liberalismo a la brasileña”



Entrevista con el politólogo Franck Gaudichaud.

A pocos días de las elecciones presidenciales y federales en Brasil, publicamos la versión actualizada de una entrevista publicada en la revista Nouveaux Regards (Paris): hacer el balance de los dos mandatos del gobierno Lula es también proyectarse en el próximo ciclo político de un país que tiene una importancia mayor en la geopolítica regional e internacional. Como lo recuerda en un reciente editorial, el periodista de Le Monde diplomatique Renaud Lambert, ya en 1971 Richard Nixon había entendido que “Hacia donde va Brasil, ira América latina”…
por Franck Gaudichaud, Evelyne Bechtold-Rognon

¿Cómo se sitúa Brasil desde una perspectiva geopolítica, especialmente respecto al resto de los países latinoamericanos?

Algunas cifras resultan esclarecedoras: Brasil representa en extensión la mitad del territorio de Sudamérica y su población supera los 190 millones de habitantes. Es un gigante, desde todos los puntos de vista. Su economía se sitúa aproximadamente en el octavo o noveno puesto mundial, justo detrás de España. Forma parte del grupo “BRIC”: Brasil, Rusia, India y China, acrónimo que designa los grandes países llamados emergentes. Pero los dirigentes brasileños rechazan ese término y consideran que representan una economía “emergida”. Es un país que, en el plano diplomático y geopolítico, siempre ha buscado la autonomía, el multilateralismo y cierta independencia. Desde que gobierna Lula, ese aspecto se ha acentuado todavía más. Brasil quiere jugar en Primera División. Reclama, por ejemplo, un sitio en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es también uno de los promotores del G-20, que se concibió como un foro económico más amplio que el G-8 y abierto a algunos países del sur.

La voluntad de desarrollarse de forma independiente frente al poder estadounidense llevó a Brasil a decir “no” al proyecto imperial del ALCA (1) en 2005, junto a Venezuela y Argentina. Es un hecho que el voto de Brasil era absolutamente determinante ya que de él dependía la continuidad del proyecto. Por otra parte, no hay duda de que Brasil desempeña un papel predominante en el Mercosur (2) y, en general, es un país clave para plantearse la integración económica de los países de América Latina. Así, ha tenido un papel esencial en la reciente entrada de Venezuela en ese mercado común. Sin embargo, aunque Brasil propugne la autonomía, no defiende un modelo de desarrollo alternativo, sino todo lo contrario. En el terreno económico actúa siguiendo una orientación capitalista desarrollista, e incluso en algunos aspectos neoliberal. En sus relaciones con los países de la región, se detecta una clara voluntad de hegemonía de proximidad. Algunos autores hablan de “semi-imperialismo” o de “imperialismo periférico”. Varias empresas brasileñas son multinacionales que practican una política económica agresiva hacia sus vecinos: Petrobras con el petróleo u Odebrecht en el ámbito de la construcción, que han provocado conflictos importantes con países cercanos como Bolivia o Ecuador... La misma relación desigual se da con Paraguay en cuanto a la gestión de recursos hidroeléctricos comunes en Itaipu, donde Paraguay ha sido literalmente privado de su soberanía en ese sector. Y es que la burguesía financiera e industrial brasileña (en especial la de Sao Paulo) defiende así sus prerrogativas en el mercado mundial, lo que, por otra parte, no impide los acuerdos estratégicos entre Brasil y Estados Unidos, por lo que respecta, por ejemplo, a los agrocombustibles.

Desde el punto de vista diplomático, la presidencia actual ha intentado desmarcarse apoyándose en los gobiernos de izquierda o centro-izquierda de la región. Lula siempre ha apoyado a Chávez (como por ejemplo durante el golpe de Estado de abril de 2002), mantiene también buenas relaciones con el gobierno cubano y fue muy claro sobre la situación en Honduras tras el golpe contra el presidente Zelaya. Además, Lula amenazó con no asistir a la cumbre UE-América Latina de Madrid en mayo si Lobo -el presidente hondureño golpista- estaba presente (este último tuvo que desistir). Su diplomacia favorece las relaciones Sur-Sur en el plano diplomático pero también económico. Así China se ha convertido en uno de sus principales socios económicos: en 8 años, el comercio de ese país con Brasil aumento de 750%... Siguiendo un principio de multipolaridad y buscando tener más espacio en el escenario mundial, el gobierno brasileño rechaza las ingerencias de las grandes potencias del Norte en los asuntos de los países del Sur, lo que explica su apoyo a Irán frente a Estados Unidos o la denuncia de nuevas bases militares estadounidenses en Colombia.

Brasil apuesta por el desarrollo de la Unsasur (Unión de naciones sudamericanas), que responde a su preocupación de independencia política y consolidación económica, con un proyecto que preve instaurar una moneda y un parlamento comunes. Si se materializa, dicha unión concentraría una población de 360 millones de habitantes y será, en extensión (17 millones de km2), la unión económica, monetaria y política más grande del mundo. Pero quedan por superar numerosos obstáculos a causa de las múltiples competencias económicas intrarregionales y de las tensiones existentes entre los diferentes sectores del capital, obstáculos que paradójicamente han sido creados por las elites brasileñas al intentar defender sistemáticamente sus intereses en detrimento de una perspectiva de cooperación real.

Las relaciones de Brasil con la Unión Europea se inscriben en esa preocupación por una mayor inserción competitiva en el mercado mundial. Así, Brasil ha firmado con Francia un importante contrato de armamento. Además, el Mercosur está en negociaciones con la UE aunque choca con el proteccionismo europeo, sobre todo en el terreno de la agricultura.

¿Qué balance se puede hacer al cabo de los ocho años de gobierno de Lula?

Según varios analistas, las enormes decepciones que siguieron a la llegada del PT y de Lula al gobierno en 2002 se podían prever. Es verdad que una parte de la izquierda y de los movimientos sociales no había analizado bien hasta qué punto el PT había cambiado de naturaleza y de orientación política entre principios de los años ochenta y la victoria electoral de 2002. El PT se fundó en febrero de 1980 a partir de una oposición colectiva y popular radical a la dictadura militar. Desde finales de 1978, sindicalistas, intelectuales, dirigentes de movimientos populares hablaban de la necesidad de crear en Brasil un nuevo partido independiente, de clase y abiertamente socialista. El PT ha sido uno de los partidos obreros más grande del mundo y sigue siendo el partido de izquierdas más importante de América Latina. En sus inicios, reunió una gran variedad de sectores sociales movilizados: sindicalistas, claro está, procedentes principalmente de la CUT (3) , que representan su columna vertebral, militantes de movimientos asociativos, feministas, vecinales, pero también muchas comunidades de cristianos de base, inspiradas en la teología de la liberación. En veinte años y tras tres derrotas electorales sucesivas en las elecciones presidenciales, el partido ha cambiado mucho. De un programa inicial anticapitalista, que prometía una alternativa radical, el discurso se ha vuelto cada vez más moderado, de centro izquierda. En 2002, el eslogan de la campaña de Lula era “Paz y amor”... Tenemos aquí un nuevo ejemplo de lo que el británico Perry Anderson analizó en Europa: « la izquierda ganó sus galones de partido de gobierno después de haber perdido la batalla de las ideas ». El PT ha sufrido una transformación de su composición social, dejando un sitio cada vez mayor a las clases medias e intelectuales con un proceso de institucionalización-burocratización de su aparato y de su dirección, progresivamente ocupada por los parlamentarios y los diferentes electos en detrimento de los sindicalistas de ayer. A pesar de todo, la victoria de Lula en 2002 despertó muchas esperanzas en el país e incluso en toda América Latina. Pero ha llegado el momento de hacer un balance. El sociólogo Emir Sader habla del “enigma Lula”, que escaparía a los juicios ya hechos. Otros sociólogos como Michael Löwy o Atilio Boron son más críticos y este último señala que estos dos mandatos han estado marcados por el “posibilismo conservador”. En efecto, se puede constatar que Lula ha renegado de los ideales del PT de 1980 para poner la estabilidad macroeconómica y los intereses del capital muy por encima de las reformas sociales prometidas.

Hay señales evidentes de continuismo con la política de F. H. Cardoso (el gobernante anterior), con el argumento de que la salvación de Brasil sigue siendo el mercado mundial, la explotación masiva de materias primas y la apertura del país (y de su mano de obra) a las transnacionales. En este sentido, el “éxito” económico es real: la economía de Brasil es una de las más dinámicas del mundo, con más de 5 % de crecimiento anual, y vista desde Brasilia la crisis sólo habría sido una “marejadilla”, en palabras del propio Lula. Sin tocar a la estructura social, y con el aplauso de los grandes empresarios y del FMI, el gobierno de Brasil practica tasas de interés muy elevadas, para gran beneficio de los capitales especulativos internacionales. Este “éxito” tiene como contrapunto el mantenimiento, incluso el incremento, de las desigualdades sociales y de renta, lo que constituye uno de los principales problemas democráticos reales del país. Brasil es una especia de “Suiza-India”, que reúne en el mismo territorio rentas extremas. Sin embargo, Lula no ha actuado sobre esas desigualdades estructurales: en efecto, durante su mandato, las rentas de los más pobres han aumentado de manera notable pero las de los ricos todavía más. Según el economista Pierre Salama, el número de brasileros con más de mil millones de dólares en activos financieros creció de más de 19% solamente entre 2006 y 2007. Otro problema aún más grande es que Brasil se ha embarcado en una política de agrobusiness, que incluye el cultivo intensivo de OGM y de agrocombustibles, para gran regocijo de empresas como Monsanto, acogidas con los brazos abiertos, pero con consecuencias medioambientales y sociales desastrosas. Por lo demás, esto llevó a la Ministra de ecología, Marina Silva, a dimitir al cabo de unos meses.

En estas condiciones, la gran reforma agraria tan esperada, tan anunciada durante la campaña, no se ha llevado a cabo. Si embargo, en Brasil, no podrá haber desarrollo alternativo, democrático y sostenible, sin una reforma agraria radical. Se trata de una problemática ineludible. Toda esta política ha representado una ducha de agua fría para el movimiento social y en particular para el MST.- (4) , el mayor movimiento social del continente (que reúne a varios millones de militantes) y uno de los más interesantes por sus formas de auto-organización y de promover una educación popular impresionante.

Sin duda, esas políticas públicas conservadoras se han visto favorecidas por los obstáculos institucionales del Estado federal que es Brasil. El PT es minoritario en el Parlamento y en el Senado y sólo es mayoritario en tres estados. Desde el principio, buscó aliarse con la derecha liberal y latifundista para gobernar, lo que acentuó su inmovilismo, en particular desde el punto de vista de la política agraria. Además, la exigencia de estabilidad económica era un argumento al que Lula era muy sensible en el momento de su elección, como muestra la carta a los brasileños que publicó durante la campaña. Sus principales asesores económicos habían salido de las escuelas del pensamiento neoliberal estadounidense y la contrarreforma del sistema de pensiones de los funcionarios fue una de las primeras medidas que tomó su gobierno. Esta revisión de las conquistas sociales de los funcionarios condujo a la aparición de las primeras diferencias en el seno del PT y llevó a la creación del PSOL (5) en torno a figuras de la izquierda como Heloisa Helena o Plinio Sampaio. Sin embargo, sería erróneo olvidar que Lula sigue siendo extraordinariamente popular, sobre todo entre las clases más pobres (en particular del Nordeste). Ha llevado a cabo varios programas sociales asistencialistas (especialmente durante el segundo mandato), muy rentables electoralmente, como Bolsa Familia . (6). , programa de ayuda financiera condicionado a la escolarización infantil, que han logrado sacar de la miseria extrema a más de 20 millones de brasileños. La cobertura social y los sueldos mínimos han sido también ampliados y los niveles de criminalización de los movimientos sociales por parte del Estado han bajado considerablemente, abriendo espacios de diálogo e incluso de cooptación de muchos dirigentes sociales y sindicales. Tampoco hay que olvidar que los grandes grupos mediáticos están en manos de una oligarquía arcaica, todavía ferozmente hostil a Lula, que le sigue considerando un sindicalista procedente de la izquierda, y por lo tanto potencialmente peligroso por la composición de su base social.

En resumen, se podría decir que la política de Lula conjuga una política macroeconómica neoliberal y una política social asistencialista centrada en la lucha contra la extrema pobreza, dando in fine estabilidad al sistema, razón por la cual el ex-sindicalista es considerado por Wall Street y gran parte de las elites como uno de los mejores presidentes de la historia democrática del país. Se podría calificar su gestión de “social liberalismo a la brasileña” o quizá como hacen algunos autores de “liberal-desarrollismo”, puesto que el Estado brasileño sigue queriendo regular una parte de la actividad económica del país.

¿Cómo ve el futuro del país?

Lula no puede volver a presentarse a las próximas elecciones de octubre. Para el PT, el desafío es hacer “lulismo sin Lula”, captar su popularidad, por supuesto con pocos cambios en la orientación política y económica. La candidata actual es Dilma Roussef. Economista de formación, jefa del gabinete ministerial de Lula, una especie de Primera Ministra, militó en su juventud en los movimientos de lucha armada contra la dictadura. Poco carismática, ha subido mucho en los sondeos gracias al apoyo decidido de Lula y es probable que gane las elecciones en primera vuelta frente al principal candidato de la oposición, José Serra (social-democracia liberal). A la izquierda del PT, el PSOL presenta a Plinio de Sampaio, luchador social incansable y gran defensor de la reforma agraria. Pero desgraciadamente, no habrá candidato común de la izquierda radical en particular con el PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado – trotskista) y el PCB (comunista). Marina Silva será la candidata de los verdes, encarnando la ecología liberal.

A pesar de la crítica de una parte de la izquierda, es probable que el PT consiga el apoyo de importantes sectores populares y de los que no quieren la vuelta de una derecha represiva y del centro neoliberal encarnado por la candidatura de Serra. A medio plazo, creo que es interesante ver lo que sucede en el seno del Movimiento de los Sin Tierra, de los sin techo y de las organizaciones sindicales. Así, este verano se intentó crear una nueva central sindical clasista, en la perspectiva de un sindicalismo más independiente que la CUT frente al poder y que congregue a obreros combativos junto a estudiantes, feministas y colectivos afrobrasileños o indígenas. Este primer paso no resultó. Pero creo que es este tipo de recomposición “desde abajo” que puede hacer surgir la esperanza de una renovación de las alternativas anticapitalistas en Brasil, tierra del Foro Social Mundial y de la consigna “otro mundo es posible”.

Candidatos Caladinhos como Ratos


Defensor Moura promete dissolver AR se partidos não acordarem solução para a crise

Os outros candidatos continuam caladinhos como ratos

Dimanche, l'Allemagne aura fini de payer les réparations de la Première guerre mondiale

Nuestra miopía respecto a los poderosos

Más de la mitad de EEUU ha sufrido ya la Gran Recesión, personal y profundamente. Sin embargo, la vida prosigue tranquilamente en la cúpula de nuestra economía. Es una amarga realidad que deberíamos empezar a encarar.

Es posible que las filas de los perjudicados –en los EEUU de la Gran Recesión– sean mucho mayores de lo que casi todos nosotros suponíamos hasta ahora.

La mayoría de informativos y principales comentaristas, han venido definiendo a los perjudicados con una estadística simple, el número de estadounidenses que han sido contabilizados mensualmente como desempleados oficiales, una cifra que ronda actualmente el 10 por ciento.

Pero la Gran Recesión, señala un nuevo estudio del Pew Research Center, puede estar perjudicando a un número cinco veces mayor de familias estadounidenses de lo que este 10 por ciento sugiere. Más de la mitad de los estadounidenses en edad de trabajar –55 por ciento– o bien se han quedado sin trabajo o bien han perdido salarios y horas completas desde que empezó la recesión.

Mientras tanto, en la cúpula económica de EEUU, en los lujosos despachos de los ejecutivos de las corporaciones estadounidenses, la vida continúa transcurriendo tranquilamente. Los trajeados ejecutivos continúan entrando y saliendo y llenándose los bolsillos.

Este lucrativo vaivén es visible incluso en corporaciones claramente de segunda clase. El último caso: la contratación de un nuevo CEO (presidente de empresa, por sus siglas en inglés) en Armstrong World Industries, fabricante de baldosas para suelo y techo con sede en Lancaster, Pensilvania.

El pasado febrero, Armstrong, golpeada por la recesión, anunció planes para despedir a 400 trabajadores. Unas semanas más tarde, el entonces CEO de Armstrong anunció su dimisión. El mes pasado Armstrong reveló el nombre del nuevo jefe ejecutivo, Matthew Espe, antiguo peso pesado de General Electric.

Armstrong puede o no prosperar bajo el mandato de Espe, pero es prácticamente seguro que Espe prosperará en Armstrong. Su contrato asigna a este hombre de 51 años, 4,55 millones de dólares en concepto de "subsidio de traslado" –para equiparar los incentivos que Espe debía recibir de su antiguo contratante– y 3,5 millones de dólares como "prima de incentivos" para hacerlo más atractivo, todo ello aparte de su salario normal y otras gratificaciones.

Si Espe optimiza sus opciones se llevará 19,4 millones de dólares durante los tres próximos años por dirigir una compañía que actualmente figura en el lugar 677 del ranking nacional.

La generosidad con que se trata a los ejecutivos se ha convertido, desde luego, en el procedimiento normal de las corporaciones estadounidenses. Tal como nos recordaban la pasada semana dos perspicaces analistas económicos, ese trato tan generoso también ayuda a explicar porque los buenos puestos de trabajos son tan escasos para los trabajadores estadounidenses.

El consultor financiero Rob Parentau y el ex-operador de Wall Street Yves Smith señalan que en los últimos años las corporaciones estadounidenses "se han obsesionado" con los beneficios trimestrales, que determinan, a corto plazo, las oscilaciones del precio de las acciones.

Para aumentar los beneficios, observan Parenteau y Smith, los ejecutivos de las corporaciones sistemáticamente "evitan invertir en crecimiento futuro", en investigación y desarrollo del producto, que crean puestos de trabajo. En vez de marcarse estos objetivos a largo plazo, toman el tipo de medidas que puede hinchar rápidamente el precio de sus acciones. Despiden trabajadores. Distribuyen dividendos especiales. Traman fusiones y adquisiciones.

Este tipo de movimientos a corto plazo, continúan explicando Parenteau y Smith, se traducen rápidamente en "bonos exorbitantes" para los ejecutivos que los han ideado. En efecto, tenemos una economía que recompensa generosamente a sus jugadores más fuertes por "miopía y especulación".

De hecho, los exorbitantes bonos de los ejecutivos no solamente recompensan dicha miopía, sino que invitan a ella. Para acabar con nuestra Gran Recesión –y evitar otra– hay que empezar a eliminar estas pagas excesivas a los ejecutivos. Y hay que hacerlo deprisa.

Nuestra miopía respecto a los poderosos
| Sam Pizzigati



El ex primer ministro islandés será juzgado por negligencia en la crisis

29.9.10


Governo reduz 5 por cento nos salários da função pública



Milhares de trabalhadores em Lisboa contra medidas de austeridade

La huelga deriva en batalla campal en el centro de Barcelona


Anti-austerity protests hit Europe
Wave of strikes and protests held in major cities and outside EU headquarters as anger over spending cuts escalates.

Carvalho da Silva tem-se afirmado como uma das vozes mais lúcidas e sérias no contexto da crise.

Dos Europas hoy en Bruselas


Día de Acción Europeo: habrá manifestaciones en Portugal, Italia, Letonia, Lituania, República Checa, Chipre, Serbia, Rumania, Polonia, Irlanda y Francia


Hoy en Bruselas coincidirán sin encontrarse dos Europas: la de la Comisión, que desvelará las medidas del nuevo Plan de Estabilidad, es decir, las nuevas reglas de gobernanza económica; y la de la Confederación de Sindicatos Europeos, que protestará contra el modelo griego de "austeridad", cuyas víctimas son siempre los trabajadores.

El pasado lunes, los ministros de Economía del Consejo de Europa debatieron en qué habían de consistir esas nuevas normas cuyo fin declarado es evitar que se repita otra crisis monetaria como la de principio de año en Grecia. En una carta fechada el 23 de septiembre, el ministro alemán, Wolfgang Schäuble, adelantaba la receta alemana: endurecimiento de los castigos para los países que sobrepasen el límite de déficit, el máximo de deuda o para aquellos estados miembros con problemas de competitividad; suspensión de los fondos estructurales, de desarrollo rural y de cohesión a los estados miembros que violen las normas presupuestarias; automatización de las sanciones; e incluso suspensión durante un año de los derechos de voto a los países infractores en el Consejo de ministros. La ministra de finanzas francesa Christine Lagarde dijo que los gobiernos, y no únicamente especialistas financieros, deberían tener la última palabra ante este tipo de decisiones: "El destino de un país no puede quedar únicamente en las manos de expertos". Hoy la Comisión discute, pues, hasta qué punto han de ser automáticas las sanciones. Lo que no se discute es que se traducirán en rebajas drásticas de los salarios.

Es por eso por lo que 50 sindicatos procedentes de 30 países esperan reunir a 100.000 trabajadores europeos en Bruselas. De esta crisis, que ya ha costado 23 millones de empleos, no sólo no se saldrá con medidas draconianas contra los salarios, sino que, según afirman los sindicatos, tales decisiones pueden derivar en una recesión que cause más desempleo aún.

Pero hoy se protesta también contra un modelo de gobierno de Europa. El secretario del partido Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero, definió lo que ocurrirá hoy en Europa como un “golpe de Estado europeo”. A partir de hoy, los gobiernos nacionales podrán aplicar recortes salvajes escudándose en el automático imperativo europeo del Plan de Estabilidad.

Europa es la excusa perfecta hoy. Si la Comisaria de Justicia condena el racismo del gobierno francés cuando las expulsiones de gitanos, entonces los gobiernos nacionales se unen como una piña contra la intromisión en la soberanía nacional. Ahora bien, si se trata de proponer tijeretazos al Estado social, entonces no son ellos, es Europa la que impone.

Queda claro, pues, que para combatir contra esa socorrida entidad transnacional llamada Europa, excusa aséptica para todo gobierno que desee recortar derechos de los trabajadores, los sindicatos deben intensificar su colaboración y continuar el camino de la manifestación conjunta de hoy en Bruselas.


Dos Europas hoy en Bruselas

Gorka Larrabeiti


Pour Zapatero, l'Espagne n'aura pas besoin d'un plan de rigueur


Spain set for credit rating downgrade






Police clash with pickets outside a bus depot in Madrid as a general strike organised by Spanish unions gets under way. The country is expected to have its credit rating downgraded. Photograph: Paul White/AP

Workers rally across EU over cuts

Demonstrations planned in Brussels and dozens of European cities against austerity measures

La Policía local protege las cocheras del servicio de autobuses de Madrid en Fuencarral / Juanjo Martín-Efe

Los sindicatos auguran una huelga "masiva" tras un arranque que deja varios piquetes heridos





28.9.10

The Politics of Incoherence

by: Cary Fraser, t r u t h o u t | Op-Ed

Politician spouting incoherence.
(Image: Jared Rodriguez / t r u t h o u t; Adapted: Andrew Feinberg, zen Sutherland)

"When creative statesmanship wanes, irrational militarism increases." [1] The decision by Barack Obama to run for the Presidency in the United States in 2007 has unleashed a crisis of cultural illiteracy that has swept some sectors of American society into a frenzy triggered by the deep currents of xenophobia and racism that have regularly coursed through the society. The rants of the "birther" movement, the tea party acolytes, those who view Obama as a Muslim, and others who seek to "reclaim their country" »

El indicador de privación material. Un instrumento mejor para el estudio de la pobreza


Los datos sobre pobreza recientemente publicados dibujan una cuadro nefasto. El año pasado 43,6 millones de estadounidenses (más del 14%) recibieron ingresos por debajo del umbral regional de pobreza. Pero esos datos sólo ofrecen un retrato parcial del problema. Y eso porque la pobreza real no se limita al ingreso, sino que consiste también en activos y pasivos. Las cifras oficiales sólo consideran el ingreso y un cálculo irrealistamente bajo de la cifra mínima para llegar a fin de mes.

Es hora de considerar las herramientas de que disponemos para el estudio de la pobreza. Como han escrito los laureados premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen junto con el economista Jean-Paul Fitoussi en su nuevo libro Mis-measuring Our Lives, "el ingreso y el consumo son decisivos para evaluar el nivel de vida, pero en última instancia éste sólo puede analizarse de consuno con la información sobre la salud". Esta cuestión es tan importante para el cálculo de la pobreza como otros criterios mensuradores del nivel de vida. Para entender el porqué, consideremos dos familias: una dispone de un ingreso que la sitúa unos escasos miles de dólares por debajo del umbral de pobreza, establecido en 2009 en 22.050 para una familia de cuatro miembros; la otra lo tiene unos pocos miles de dólares por encima. Considerando únicamente el ingreso, la primera está peor que la segunda. Añadamos ahora a la mezcla lo que cada familia posee y debe. Digamos que la primera tiene un patrimonio neto considerable en su hogar y una cantidad razonable de ahorros en líquido para tiempos difíciles, mientras que la segunda carece de ahorros en líquido, tiene unos pasivos que empequeñecen sus activos, tales como una hipoteca "bajo el agua". Empleando este más completo método, la segunda familia, a pesar de su ingreso modestamente mayor, es realmente pobre.

Una reciente investigación del Urban Institute considera el papel que juegan los activos líquidos en la reducción de la privación material. La investigación muestra que, entre las familias de ingreso bajo y medio, aquellos con bajos niveles de activos líquidos sufren mayor privación económica, incluyendo inseguridad alimentaria, problemas para pagar facturas y otras formas de privación. Otra investigación de las universidades de Washington, Kansas y de otros lugares indica que los activos líquidos pueden facilitar las oportunidades económicas mediante el aumento de la esperanza de un futuro mejor, incrementando el acceso a la educación y, si se utilizan con prudencia, permitiendo a las familias obtener otros activos que pueden revalorizarse andado el tiempo.

En los presupuestos de este año, la administración Obama ha incluido la petición de crear un fondo que permita a la oficina del censo realizar un cálculo complementario de pobreza (SPM), añadido al cálculo actual. Si el Congreso aprueba el modesto fondo solicitado, la oficina del censo publicará el primer SPM en 2011, que mejorará el cálculo actual en varios aspectos. El más relevante es que tomaría en consideración importantes prestaciones, incluyendo el crédito fiscal sobre la renta y la ayuda alimentaria y significativos gastos no discrecionales, como la asistencia sanitaria y la de niños. Con todo, el SPM propuesto, como el cálculo oficial, sigue siendo un cálculo de pobreza basado únicamente en el ingreso y, por ello, no puede captar el decisivo papel que juegan los activos en la seguridad económica. Además, en la medida en que los activos y el ingreso no constituyen compartimentos estancos, la oficina del censo debería integrar los activos y los ahorros en el SPM.

El nuevo enfoque para calcular la pobreza que se ha utilizado este año en el Reino Unido apoyada por fuerzas que van desde los conservadores hasta los liberales puede considerarse como modelo. El enfoque británico emplea dos medidas distintas: una para calcular la pobreza en el ingreso y otra para calcular la privación material. A diferencia del cálculo actual de los EEUU o del propuesto SPM, los dos indicadores de pobreza del método británico consideran algunos activos importantes y factores relativos al ahorro. En el cálculo de la pobreza de ingreso, tanto los ahorros como los planes de pensiones y los pagos del préstamo para estudiantes se restan del ingreso que constituye el umbral de pobreza. El indicador de privación material británico mide la privación económica de modo similar al Urban Institute. Se considera pobre a una familia si sufre dos o más formas de privación material. Los criterios incluidos en el índice son los que la mayoría de británicos creen que son los correspondientes a las necesidades vitales, tales como la capacidad de ahorrar regularmente al menos 10 libras (en torno a 15 dólares) al mes para los tiempos difíciles o la jubilación, que aproximadamente dos tercios de los británicos consideran necesaria. Este enfoque capta mejor el efecto global que tienen sobre la pobreza tanto el ingreso cuanto los activos. En efecto, el nuevo método británico de cálculo de la pobreza considera los ahorros básicos más como necesidad que como expresión de lujo. Para obtener un cuadro mejor sobre la pobreza, los Estados Unidos deberían hacer lo mismo.

And Then There Were None


So rather than being over, what the debt crisis now may be entering is a new stage, where one sovereign bond after another is being chisled out and sent off to join their Greek counterpart in the isolation ward. Actually, in this sense the present European Sovereign Debt situation does rather resemble the plot of the well known Agatha Christie detective novel “And Then There Were None“. As told by M. Christie a group of ten people, all of whom have in one way or another been previously complicit in an earlier death, are somehow tricked into travelling together for what was intended to be a short stay on a secluded island. Once there, and even though the guests are apparently the only people on the island, they are – somehow, and one after another – systematically murdered. So, in a way which may eventually come to foreshadow scenes from the forthcoming meetings of the European Financial Stability Facility management board, each morning one guest less shows up for breakfast. One by one, and little by little, each participant becomes mysteriously overcome by a seemingly inexplicable bout of some fatal variant of what could be termed “systemic instability syndrome”.

"Pesos pesados" pedem rápida activação do fundo europeu de resgate


Ajuste Directo de Contas


Estado gasta cinco milhões sem concurso para a PSP


Israel seizes Gaza aid boat
Voyage organised by European Jewish groups to condemn "collective punishment against 1.5 million Palestinians".



El tejido social griego se descose

En el centro de Atenas se volvió común encontrar gente durmiendo o inconsciente en la calle. En la plaza de Omonia, en el centro de la capital griega, se hacen patentes la segregación y el deterioro social, desconocidos hace una década.

27.9.10

At War In Texas

Heads bowed in prayer, we stand at a bucolic spot on the banks of the Rio Grande known by locals as Neely’s Crossing. Like most of West Texas, there is nothing here. On the other side, drug wars have turned Mexican border towns in the Valle de Juárez and elsewhere into killing grounds.

As Hudspeth County deputies armed with AR-15 semi-automatic weapons stand guard, we close in around Reverend Jim Garlow. “Lord, we thank you Lord for gathering us here,” he says. “We thank you for all you have given us and our great nation. We ask you Lord to protect American exceptionalism, to protect U.S. national sovereignty, and secure our border.” Garlow, a prominent evangelical minister, recently had been selected by former House Speaker Newt Gingrich to serve as chairman of Renewing American Leadership (ReAL), a new organization dedicated to promoting the “‘otherness’ of America’s exceptional culture and government [whose] manifest
success . . . . has made us a target.”

Garlow was speaking to the attendees at a two-day “Border School” sponsored by the Border Sheriff’s Posse, an evangelical group that teams up with the Texas Border Sheriff ’s Coalition (TBSC) and the Southwestern Border Sheriff ’s Coalition to educate Christians about threats some law-enforcement officials believe loom across the border.

Neely’s Crossing became famous for a January 23, 2006 incident that Hudspeth sheriff and TBSC chairman Arvin West contends was a “Mexican military incursion.” The day before we visited the site, we viewed blurry footage of heavily armed men scrambling across the river toward the Mexican side. Several loads of marijuana float downriver as the men try to regroup and get a military-like vehicle, a Hummer or possibly Humvee, back onto Mexican soil. The Mexican government vehemently denied Sheriff West’s accusation that a Mexican military unit had been escorting drug smugglers. The Border Patrol, which had officers at Neely’s Crossing that day, also declined to support West’s account.

Claiming that the federal government has abandoned its border-control responsibilities, West, who is a mainstay of the Border School, warns students and residents of U.S. border communities, “Arm yourselves. It’s better to be tried by twelve than carried by six.”

This secure-the-line-at-all-costs attitude doesn’t merely foster right-wing ranting. West and other border sheriffs tout border-security lore like the Neely’s Crossing incident in congressional testimony, and FOX News frequently reports their assertions. The complaints that Washington isn’t fulfilling its responsibilities echo across border communities, despite the unprecedented increase over the past five years in the number of Border Patrol agents, immigrant-detention beds, and border barriers. Each year, billions of dollars flow to the border from the Departments of Homeland Security (DHS) and Justice (DOJ).

In the absence of coherent national policy, Washington has fed local and state officials who use federal grants to shape the politics and operations of border security.

While there is little validity to complaints about the lack of federal funds for border security, the criticism about federal irresponsibility on border policy conveys an important truth. Since 9/11, the border has become a site of intensive national concern, not only surrounding immigration, but also drug wars and terrorism. In this context of increasing fear, the federal government has failed to assess the threats and address them coherently.

Instead, Washington has fed opportunistic local and state officials who use federal grants to shape the politics and operations of border security. There may be no cogent federal stance on border policy, but there is policy—dictated by alarmist border-area sheriffs and politicians and increasingly supported by the American public, Congress, and the Obama administration. To that end, the federal government is busy resurrecting discredited drug-war programs, deploying the National Guard, and opening new channels of assistance for border security by redirecting stimulus grants that were intended to repair the wider U.S. economy.


The Texas Paradigm
Nowhere has the post-9/11 border-security framework been so enthusiastically adopted—and adapted—as in Texas, where local law enforcement, the state political leadership, and a contingent of the congressional delegation have taken border security into their own hands, albeit largely with federal funding.

The shaping of what Governor Rick Perry calls the “Texas model of border security” began in the spring of 2005, when Zapata County Sheriff Sigifredo “Sigi” Gonzalez, Jr. put out a call to his fellow Texas-border sheriffs to form the Texas Border Sheriff’s Coalition, which includes twenty border counties. Over the past five years, the sheriffs of the TBSC have rallied law enforcement to secure the border, played a prominent role in the state’s “high-intensity border surges,” and launched Border Watch, a remote-surveillance program carried out by volunteer “virtual deputies.” In the process, the sheriffs have become the public face of Texas’s go-it-alone commitment to border security. We are the “can-do state,” Gonzalez says.

In PowerPoint presentations, congressional testimony, and media interviews, Gonzalez warns of al Qaeda terrorists setting up sleeper cells, Mexican drug cartels crisscrossing the border to terrorize U.S. communities, and ominous flyovers by the black helicopters of the Mexican army. He explains that his frustration at the “inadequacy of our federal government to protect our border in preventing a potential terrorist and their weapons of mass destruction from entering our country” spurred him to organize the TBSC in 2005. Two years later he founded the Southwestern Border Sheriff ’s Coalition.

As any Texas-border sheriff will tell you, “Operation Linebacker” is the tactical core of the state’s model. If a terrorist, criminal alien, drug smuggler, or illegal border crosser makes it through the Border Patrol’s frontline, the linebackers—sheriffs and their deputies—are there to make the tackle. In a state where football is a barely secular religion, the analogy captures hearts and minds. It also conveniently complements the federal government’s own structure of local-federal cooperation in immigration and border enforcement, thereby facilitating the flow of DHS and DOJ funding. At the same time, though, most border sheriffs insist that their departments actually are ahead of the feds, a posture repeatedly underscored by Governor Perry, who calls the border sheriffs the state’s “first line of defense.”

Perry quickly allied himself with the TBSC. He gave it funds from the governor’s Criminal Justice Division and launched an umbrella border-security program called Operation Border Star. Together, Operations Linebacker and Border Star were integrated into the state’s homeland-security apparatus, which Perry and Homeland Security Office Director Steve McCraw began assembling in 2004 with DHS grants. McCraw is a tight-jawed, no-nonsense former FBI officer, who now heads Texas’s Department of Public Safety (DPS) while continuing his duties at the Homeland Security Office. “Texas,” he boasts, “has created a new paradigm for border security, and the Border Patrol is now adopting parts of it.”

Checkpoints functioned as a dragnet for illegal immigrants and led to few arrests of criminals who could be regarded as a threat to community safety.

McCraw and Perry summarize that paradigm with an oft-repeated maxim: “There can be no homeland security without border security.” As outlined in the state’s Homeland Security Strategic Plan 2010-2015, the model is designed to “prevent terrorists and criminal enterprises from exploiting Texas’ international borders, including land, air, and sea.”

Border Star, a main vehicle for the Texas paradigm, is more than boots on the ground. Encouraged by DHS’s call for locally networked information-gathering—and by infusions of DHS and DOJ dollars—the governor’s office directed the creation of intelligence and “fusion” centers that bring together law-enforcement agencies. McCraw has put his stamp on Border Star through such high-tech information-gathering initiatives as the Texas Data Exchange Program and the TxMap crime-mapping project, as well as through the Border Security and Operations Center in Austin and the six Joint Intelligence and Operations Centers, four of which are housed in the headquarters of Border Patrol sectors and work together with the Border Patrol’s Border Intelligence Centers. The most recent additions to Border Star’s stable are the Unified Commands, which serve as a network for law-enforcement agencies in 45 counties of the borderland region.

In the can-do state, there’s a can-do attitude about border security not found elsewhere. “Is it really possible to seal the 1200-mile Texas border?” I ask McCraw. It’s a question I often ask, and most border-security practitioners and observers respond that the borderlands are too immense and too remote to control completely. But McCraw doesn’t equivocate. “We can secure the border in Texas with enough resources,” he answers without hesitation. Sheriff West is equally confident about his ability to secure Hudspeth County: “Just give me 75 more deputies, armed with AR-15s or AK-47s, enough trucks and ATVs, and we can shut the border down,” he told me.

McCraw says he is committed to “secur[ing] the border for Texans,” and he and the governor think other states and DHS should follow their lead. In February 2009 Governor Perry wrote to DHS Secretary Janet Napolitano to invite her to observe Operation Border Star, so that she “might consider this approach as a national model to increase border security.”

It’s unclear what Perry and McCraw would show Napolitano other than the enthusiasm with which the state and border law enforcement have jumped on the border-security bandwagon. From the start the Texas paradigm has been hounded by public-relations scandals, widespread skepticism about reputed results, and charges of power-grabbing and political opportunism. Soon after the sheriffs launched Operation Linebacker, their increased patrols and traffic checkpoints were met with indignation and outrage. Residents complained that checkpoints instituted by then-sheriff Leo Samaniego in the El Paso area functioned as a dragnet for illegal immigrants and led to few arrests of criminals who could be regarded as a threat to community safety, let alone homeland security. The series of border “surges”—beginning in January 2006 with another football-themed program, Operation Free Safety—were initially accompanied by great fanfare orchestrated by Perry’s office but have since been abandoned after they came under repeated fire. In Austin and non-border areas of the state, legislators and residents were concerned that public-safety resources were being used for political purposes. A review last year by a state commission found that the diversion of state troopers under Border Star contributed to DPS’s “critical personnel shortage, weakening its ability to protect the public.” Meanwhile border residents, including some of the sheriffs, complain that the state troopers gave out more traffic tickets but arrested no major drug runners.

In Texas, can-do confidence often is paired with arrogant go-it-alone posturing.

Some of the most severe criticism of the Texas border-security paradigm has come from within state government. Perry’s border-security operations, while now directed from McCraw’s base at DPS, originated in the governor’s Homeland Security Office and the associated Governor’s Department of Emergency Management (GDEM). This created tensions and major communications gaps with DPS, which regarded some of the new homeland- and border-security projects as duplications of their efforts.

A July 2009 report by the state legislature’s Sunset Advisory Commission recognized this problem, concluding, “lines of authority between DPS, GDEM, and the Governor’s Office of Homeland Security are unclear.” To remedy that problem, DPS took over GDEM, whose name was changed to the Texas Department of Emergency Management. Those tensions and communications problems between the governor’s office and DPS dissipated when Perry replaced the DPS director last year with his own man, Steve McCraw.


The Border Patrol cruises the Rio Grande. (Photograph: Erich Schlegel)

Along with the patrolling methods, Border Star’s information-technology systems also have come under scrutiny. An April 2007 article in the Texas Observerdescribed the Data Exchange program as “a headlong pursuit of control through information hoarding for a project in search of a purpose.” “Money,” the article contended, “has been squandered, sensitive data potentially lost, and security warnings unheeded.” In a March 2009 study, Operation Border Star: Wasted Millions and Missed Opportunities, the Texas ACLU concluded that the

recent development of a vast regional network of fusion centers and ‘Joint Operations Intelligence Centers’ are not serving the goal of public safety and confusing valuable criminal intelligence with unimportant statistics and innocent activities.

At an April 29, 2010 legislative hearing in the booming city of McAllen (the border twin of Reynosa, Mexico), Texas ACLU director Terri Burke argued that the governor’s model of border security is “making Texans poorer, not safer.” More often the main result of the stepped-up patrols, she said, is the “inconvenience or harassment of law-abiding individuals, not the apprehension of violent criminals.” The ACLU’s review of Border Star found that rather than targeted surges, the governor’s border-security operations were indiscriminate sweeps. Some communities had more traffic stops than residents. Border Star, Burke added, has “done little if anything to interrupt the violent business of transnational drug smugglers and human traffickers.” No information offered by Perry or McCraw in their strategy statements, budget proposals for Border Star, legislative testimony, or campaign ads disputes that assessment.

The Texas paradigm of border security also has been subjected to the same sharp criticisms as the homeland- and border-security projects of DHS. Accusations of waste, dysfunction, duplication, absence of oversight, over-reliance on private contractors, and lack of direction are common. Meanwhile, tangible security improvements are nearly impossible to find. Border security in Texas is less the model for DHS that Perry brags about than a mirror of the federal government’s own willy-nilly implementation of border security.


Stimulating Security
In Texas, can-do confidence often is paired with arrogant go-it-alone posturing. That bluster was on display at a Tea Party rally in Austin on tax day in 2009, when Governor Rick Perry warned that Texas might once again secede from the Union, as it did in 1861. Earlier that year the governor rallied Tea Partiers by joining a chorus of Republican governors threatening to reject all or part of the Obama administration’s stimulus package for the states. Threats aside, Perry did, of course, accept funding from the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)—tens of millions of dollars of which are being used to underwrite Border Star.

Even so, Perry continues to boast of the state’s steadfast and solitary commitment to secure its border. In a recent campaign ad, Perry, who is running for his third term, declared, “If Washington won’t protect our border, Texas will. Here along the Rio Grande we’re funding a border-wide crime control effort, led by local enforcement.” The ad features video of him walking with sheriff’s deputies on the banks of the river. This is an enduring theme. In a 2006 campaign ad, Sheriff Gonzalez attested, “When local law enforcement needed help protecting the border, Governor Perry was the only one who answered the call and delivered the resources needed to help us.”

Perry’s campaign ads never mention the fundamental role played by federal funds in launching and expanding Border Star and other state-directed border-security projects. This year’s infusion of ARRA stimulus dollars, which has given the Texas-border sheriffs and Border Star programs an extra boost, is only the latest example. Federal funds have underwritten local and state border-security operations in Texas since 2004.

Grants from DHS began flowing to the state soon after the creation of the Department in 2003, establishing the foundation for the Texas paradigm. It wasn’t until fiscal year 2007 that Perry finally succeeded in persuading the state legislature to kick in about $50 million annually for Border Star, although that funding is now being eaten up by the state’s financial crisis, and additional state funding for border security is not likely to materialize.

Border officials make fantastical claims in order to obtain grants—tales of al Qaeda or Chinese soldiers hidden in Mexico, waiting to ‘put on their uniforms and come north.’

Virtually all state-directed homeland-security programs to protect against terrorism and to secure the border are funded by DHS. Border counties in Texas receive about $20 million annually in DHS grants funneled through the governor’s office. In addition, DHS’s Operation Stonegarden provides the governor with an annual grant—$17.5 million in 2010—to be distributed to border law enforcement for its Operation Linebacker patrols.

Yet, for all of Homeland Security’s largesse, it is the Justice Department that has been most instrumental in paying for Texas’s border-security strategy. Starting in 2005 Perry began channeling DOJ funds from his office—through its Criminal Justice Division, Homeland Security Office, and Department of Emergency Management—to the TBSC, DPS, and border law-enforcement agencies. Also in 2005 the TBSC began receiving a $4.5–$5 million annual congressional earmark via the DOJ’s Bureau of Justice Assistance. The TBSC uses the funds to pay Operation Linebacker overtime salaries and to buy equipment.

DOJ criminal-justice grants have been the silent partner in the state’s border-security campaign. From January 2006 through April 2010, the governor’s Criminal Justice Division dedicated $99.4 million for border-security initiatives, $80.1 million of which came from DOJ grants, including $39.5 million ARRA dollars.

That $39.5 million is a portion of a $90.3-million ARRA grant to the Criminal Justice Division, which, the governor’s office says, provides “the unique opportunity to strengthen the foundation of the criminal justice system in Texas by equipping agencies and communities with resources to enhance public safety.” Yet the distribution of nearly half of this ARRA funding to the governor’s dubious border-security initiatives underscores the contention that large sums of recovery funding are being used for pork-barrel projects to court political patronage. That contention is further supported by the fantastical claims that border sheriffs make in order to obtain the money.

For instance, the Hudspeth County Sheriff ’s Department, in its approved application for $415,000 in stimulus funds, proposed that a state-directed ARRA grant would enable County deputies to continue progress begun under Operation Linebacker in “responding to criminal activity, narcoterrorism, human trafficking, and the brutal crimes associated with sophisticated and organized crimial enterprises.” The proposal’s account of border-security threats includes Sheriff West’s assertion that “the Mexican military crossed into Hudspeth County to protect smugglers [sic] marijuana.”

During one of my visits to West’s office, the sheriff launched into a story of how Venezuelan President Hugo Chávez is training the drug cartels in terrorist tactics with the assistance and financing of al Qaeda. And during a break at the May 2010 TBSC meeting, Deputy Robert Wilson, Hudspeth’s grant-writer, solemnly reported that there are Middle Eastern terrorists on the border. “We know they are coming through,” he said. If that isn’t enough to get you terrified about border security, Wilson is convinced that there are Chinese soldiers—and Russians, too—immersing themselves in the Mexican population; one day they will “just put on their uniforms and come north.” Sheriff West, with his homespun style, silver tongue, and storyteller’s bravado, leaves you wondering how much of these border-security tales he actually believes, though he is only too happy to collect the federal money they attract.

The reliability of the supporting statistics in the ARRA grant applications is as questionable as the stories of terrorists on the border and Mexican military drug-running incursions. Hudspeth County reported that a previous DOJ grant enabled it to make 176 felony arrests and 176 felony convictions—an amazing performance by the county attorney. West hopes to best that record under the ARRA grant, which projects 200 arrests and 200 convictions for 2010. In its ARRA application to the governor’s office, the sheriff’s department claimed that an internal review of its Operation Linebacker patrols “revealed that . . . the use of additional law enforcement resources in Hudspeth County prevent[ed] terrorist activities” and “resulted in a decrease in local crime rates by as much as 78%.” This is a county where incidences of violent crime are measured in the single digits and population is steadily declining.

The pork likely is flowing not only from the DOJ via Perry’s Criminal Justice Division, but from the federal government directly. Texas law-enforcement agencies are tapping a new DOJ criminal-justice program created by ARRA stimulus funds, the State and Local Law Enforcement Assistance Program: Combating Criminal Narcotics Activity Stemming from the Southern Border of the United States. Some grantees have used funding to channel drug users into treatment programs, but most follow the traditional drug-war practice of arresting and imprisoning drug users and street dealers.

Performance metrics are also drug-war standard issue: number of drug seizures, vehicle seizures, arrests, and sentenced inmates. In Cameron County, at Texas’s extreme southern tip, deputies of the newly created Special Investigations Unit are busy stuffing a hanger with high-value vehicles seized in drug busts. So successful is the new undercover narc unit that the department’s evidence room is now packed full with marijuana, and new seizures have to be stored in a large metal container outside the building.

Sheriffs’ budgets are ballooning while commissioners watch helplessly as social services and schools plunge into decrepitude.

One of the givens of the drug war at home and abroad is that drug enforcement breeds corruption. Since 1994 four South Texas sheriffs have been convicted of drug-related corruption. One of the more recent cases is former Cameron County Sheriff Conrado Cantu, who is serving a 24-year sentence for using his office to extort money from drug offenders. Just west of Cameron County, in the Rio Grande Valley, former Sheriff Reymundo “Rey” Guerra of Starr County is serving a 64-month sentence after being convicted last year of facilitating Gulf Cartel drug trafficking through his jurisdiction.

Despite this recent history, Cameron County’s current sheriff, Omar Lucio, won a $2.2 million counter-narcotics grant to fund the new twelve-person Special Investigations Unit to “combat drug and arms trafficking along the border and reduce money laundering, drug-related crime, and community violence.” Lucio calls the new narcotics campaign Operation Border Eagle. According to the Cameron County Sheriff ’s Department, since the implementation of Border Eagle, the monthly average arrest rate increased from ten to 29 and the vehicle-seizure rate from three to six. Border Eagle develops twenty narcotics cases a month, up from the six the Department generated before ARRA funding kicked in. With regard to arms trafficking, there is no progress report, but the sheriff did tell the federal Bureau of Justice Assistance that the number of handguns seized each month by the narcotics unit increased from one to three.

According to available evidence, increased border security, like the failed war on drugs, has not made illicit drugs less accessible. The market for illegal drugs entering the country from Mexico involves 25 million Americans. And, as border-security operations intensify, the National Drug Intelligence Center warns, “the overall threat posed by illicit drugs will not diminish in the near term.”

Hudspeth County Sheriff Arvin West. (Photograph: Eugenio del Bosque/ Flickr: EdelBosque)

These days border sheriffs routinely count on at least two and often three or four sources of funding for overtime border patrolling. Caught up in the alleged urgency of supporting border sheriffs, no one—not DHS, not DOJ, not Congress, and not states’ homeland security offices that distribute these grants—is evaluating the impact of this border-security aid on border law enforcement. There are accounting audits of individual grants, but no agency is watching for double-dipping, whereby law-enforcement organs receive money from multiple sources for the same purpose.

Faced with unprecedented sums of federal funding, many rural sheriffs’ departments have been forced to hire grant administrators to handle the paperwork. But the sheriffs have few complaints—other than that they deserve still more money, especially to pay for full-time employees rather than overtime for deputies. Sparsely inhabited Hudspeth County—just 3,058 inhabitants; 0.7 per square mile—is awash in federal border-security funding. The county, which has an annual budget of about $3.1 million, receives as much as $1 million per year in border-security grants. In Zapata County, Sheriff Gonzalez has so much border-security funding from DHS and DOJ that each of his deputies is assigned two vehicles, a patrol car for regular duty and a new SUV for overtime border-security operations.

The ballooning budgets of the sheriffs departments are the envy of the commissioners in Texas’s rural, border-area counties, sixteen of which are among the hundred poorest counties in the United States. Border sheriffs enjoy virtually unlimited overtime-pay accounts, new fleets of vehicles, and the latest security technology. Meanwhile, commissioners watch helplessly as county revenues sink because of declining populations and stagnating local economies, as social services and schools plunge into decrepitude.


Drug War Dinosaur
“Border security” is a flexible policy framework that comfortably accommodates crackdowns on crime, immigrants, and drugs. Enforcement areas have merged both rhetorically and in practice. Thus the DOJ criminal justice grants that fund border-security operations in Texas are based on a two-decade-old federal program to prop up the criminal-justice systems of states and localities fighting the war on drugs.

Congress created the Byrne Memorial and Local Law Enforcement Grant Program (named after a New York police officer murdered by drug-gang members) as part of the Anti-Drug Abuse Act of 1988. Though the Program, renamed the Byrne Justice Assistance Grant in 2005, was established during the Reagan administration, Democrats, notably Joe Biden, have been its staunchest supporters. In 1988—with Michael Dukakis as the party’s less-than-ruthless standard-bearer in the presidential election—Democrats in Congress were especially eager to brandish the party’s tough-on-crime, tougher-on-drugs principles. In the mid-1990s Byrne funding rose to and stayed at about $1 billion annually, driven by a convergence of political enthusiasm for drug enforcement, President Clinton’s appeal to law-enforcement and crime-crackdown constituencies, and the emergence of an anti-immigrant backlash in Congress.

Undercover narcs and allied prosecutors in small towns in Texas mounted aggressive (and criminal) campaigns to round up the usual suspects—mainly African-Americans.

Although Byrne grants to the states (which get 60 percent of annual appropriations) and localities can be used for a variety of public-safety and criminal-justice programs, historically they have been deployed to fight the drug war at home, mainly through the creation and maintenance of regional drug task forces and local counter-narcotics units. Nine of every ten Byrne dollars that flowed from Washington to Austin in the 1990s supported these counter-narcotics teams. Undercover narcs and allied prosecutors in small towns in Texas mounted aggressive (and criminal) campaigns to round up the usual suspects—mainly African-Americans. Perhaps the most notorious case was the arrest in 1999 of 46 mostly African-American Tulia residents on drug charges based on the perjured testimony of gypsy cop Tom Coleman—named “Lawman of the Year” by then-Texas Attorney General John Cornyn. Currently serving as the state’s junior senator, Cornyn is a strong proponent of the entire range of border-security programs and is the highly esteemed friend of the state’s rural border sheriffs.

The persistence and support of legal-advocacy groups such as the ACLU and Texas Criminal Justice Coalition and progressive groups such as the Drug Policy Alliance and the NAACP helped expose the pervasive corruption, waste, and civil rights violations involved in counter-narcotics operations both in Texas and in the country at large. But it was criticism leveled at the Byrne funds by conservative organizations such as the National Taxpayers Union and the Heritage Foundation—that the grants were wasteful and furthered federal intervention in state and local affairs—that precipitated President George W. Bush’s 2005 decision to cut $940 million from federal-assistance programs that were “not able to effectively demonstrate an impact on reducing crime.”

At the border, however, growing national concerns about the high cost of incarceration, the futility of the drug war, and the over-federalization of the criminal-justice and law-enforcement systems all fade. The language of border control collapses and intensifies a continuum of threats: illegal border crossers merge seamlessly with illegal drug users, criminal aliens, marijuana backpackers, transnational gangs, drug-trafficking organizations, narcoterrorists, smuggled weapons of mass destruction, and jihadists. And the Obama administration has responded as though the rhetoric matches reality.

Obama’s preferred vehicle has been the Byrne program. Byrne grants to California, Arizona, New Mexico, and Texas dropped from $100.9 million in 2005 to $34.7 million in 2008. Under Obama, the trend has reversed; Byrne funding to the four Southwest-border states rose to $105.5 million in 2009. But that number only reflects traditional sources of Byrne funding. The real comeback for Byrne is the massive injection of ARRA funding for criminal justice and law enforcement. In 2009 Southwest-border governors took in $432.6 million in Byrne ARRA funds for spending through 2011.

The Obama administration’s decision to reverse Byrne’s fortunes was no surprise to those who have followed the role of the Democratic congressional leadership in increasing federal support for state and local criminal-justice operations. Nevertheless, the reversal is stunning in its proportions.

Criminal-justice and drug-policy reformers consider justice assistance grants such as Byrne a drug-war dinosaur and contend that Obama’s decision to pump up the program with stimulus funding will lead to more of the same: drug task forces that inflate statistics and increase arrests of street-level offenders in order to drive funding. Nastassia Walsh of the Justice Policy Institute told me: “We are concerned with the increased funding for police through Byrne and COPS [Community Oriented Policing Services], and especially with the ARRA, as these have [been] shown to increase arrests, especially of people of color, and increase prison populations at a time when states are looking to reduce the number of people in their prisons.”

A recent Justice Policy Institute report concludes that most new Byrne funding still “goes to law enforcement, rather than prevention, drug treatment, or community services.” Like the drug war abroad, the drug war at home, especially on the border, primarily targets the supply side of the drug market through enforcement and incarceration, while only marginally addressing demand issues through treatment and education. Thus Margaret Dooley-Sammuli, Deputy State Director of the Drug Policy Alliance in San Diego, argues that every federally granted dollar spent by states on low-level arrests may generate more than $10 in new costs. The states pay for prosecution, incarceration, and other criminal-justice expenses, and then deal with the consequences of recidivism when drug offenders are imprisoned without treatment.

Who can doubt that on the border there is no difference between the war on drugs and homeland security?

Dooley-Sammuli, who is spearheading a campaign in California to reorient Byrne funding toward cost-saving and community-based alternatives to the incarceration of low-level nonviolent offenders, says: “This is our money, and we need to ensure that we use it to improve the criminal justice system, as the DOJ-grant guidance now advises, rather than tying it to a drug war that everyone knows has failed.”

But Texas isn’t listening. Since 2006 the Texas DPS has contracted with Abrams Learning and Information Systems (ALIS), an Arlington, Virginia homeland-security contractor, to establish and operate its border intelligence operations. During a three-week “border surge operation” in mid-2006, ALIS Vice-President Leo Rios, told reporters, without any supporting documentation, that the surge demonstrated that “we’re capable of shutting down all transports of illegal drugs and criminals in this area to zero for up to seven days.” Rios touted the company’s role in Texas border-security operations at a homeland-security technology conference in Washington last October, and credited ALIS’s innovative TxMap crime-mapping system with its supposedly stellar results. Who can doubt that on the border there is no difference between the war on drugs and homeland security? Even those responsible refuse to differentiate.


Fear, Crime, Stray Dogs
Despite the alarm about transnational gangs, criminal enterprises, and the shocking rise in carjackings on the Mexican side, crime rates are low in large border cities. FBI crime statistics show that El Paso, where crime rates have dropped by a third over the past ten years, is the second-safest U.S. city with a population greater than 500,000. Thus far this year, there has been only one murder in El Paso, compared to the more than 1,700 across the river in the sister city of Juárez.


A Zapata County sheriff's deputy watches over the Rio Grande.
(Photograph: Tom Barry)

The crime numbers in rural border counties are also reassuringly low and falling. The FBI’s Unified Crime Report (UCR), which tracks major categories of crimes—murder, forcible rape, robbery, aggravated assault, burglary, larceny-theft, and arson—doesn’t support the dire picture of mayhem and murder painted by border sheriffs and politicians. From 2007 to 2008 (the most recent figures publicly available for counties), the UCR numbers fell from 96 acts to 74 in Sheriff West’s Hudspeth County and from 536 acts to 382 in Gonzalez’s Zapata County (population 13,792).

Since the UCR statistics challenge the sheriffs’ and Perry’s claims about border crime waves and spillover violence, border-area officials are seeking to reframe the debate by stressing the deterrent effect of Operations Linebacker and Border Star. “Our sheriffs are sworn to uphold the peace,” explains Don Reay, Executive Director of the TBSC, “and that’s what they are doing so well. It’s cheaper, after all, to prevent than to arrest, prosecute, and incarcerate. Our border-security operations are reducing crime on the border.”

Sheriffs and officials in large border cities tend to share the federal government’s assessment: drug-related violence in Mexico is not spilling over in any significant way. Sheriff Lupe Treviño of Hidalgo County, which includes the thriving border cities of Edinburg and McAllen, contends, “We haven’t seen any true spillover violence on the border since 1916,” when Pancho Villa and his band crossed into Columbus, New Mexico. “Certainly there are links between Mexico drug cartels and the illegal drug sales here,” he tells me, “but there is no direct connection and so many degrees of separation between the Mexican cartels and U.S. drug users and street dealers that it cannot credibly be said that violence is spilling over.”

“That’s chamber-of-commerce talk,” Gonzalez huffs, a phrase echoed by other Texas and Southwestern Coalition principals. Officials in border metropolitan areas like El Paso, McAllen, and Brownsville downplay spillover violence and other threats to border security, he says, “out of fear that they will lose their tourists and scare away some business.” Teclo Garcia, director of government relations for McAllen, disagrees. “We are, of course, not blind to the cartel violence across the border,” he says, “but the image of spillover violence is promoted by politics, by those who are using violence for political gain.”

Restrictionists have succeeded in shifting the focus of immigration reform from legalization and temporary-work programs to ‘enforcement-first’ policy.

El Paso County Sheriff Richard Wiles also dismisses the alarmism about spillover violence. “What we see in our community,” Wiles says, “is that people are concerned with graffiti and stray dogs. All the issues of urban areas. Extreme violence is just not happening here, and we need to revisit how resources are expended on the border. That’s a message to send the administration.”

Still, the federal courts in Hidalgo County and other border jurisdictions are clogged with Mexican nationals. For the most part, these “criminal aliens” are not being prosecuted for the types of crimes that appear in the FBI’s Uniform Crime Reporting but rather for immigration violations—illegal entry, illegal reentry, visa overstays, etc. Nationwide, more than half of the prosecutions in federal courts are for immigration violations. In the Southwest the number is far higher—more than 80 percent.

With crime comes punishment. The privately run detention centers of the U.S. Marshals Service (such as the West Texas Detention Facility in Hudspeth County), the county jails that hold the Marshals’ pretrial detainees, and the privately managed criminal-alien prisons of the Bureau of Prisons in the Southwest are filling up with these criminal aliens.


The Bandwagon Rolls on
At Neely’s Crossing, my head bowed with the others, I reflect on the past and wonder about the future.

When I first came to know the border more than three decades ago, I was working with an immigrant-organizing project in Maricopa County, Arizona. I considered this strand of river, this line in the sand, mostly a point of entry and return for the Mexican campesinoswho came to the citrus groves around Phoenix and returned to the villages in Querétaro after the picking season’s end. Generally they crossed without incident, like those locals who not so long ago went back and forth at Neely’s Crossing.

But times have changed, as the border sheriffs, the Border Sheriff’s Posse, and political leaders like Rick Perry rightly say. Violence pervades the Mexican borderlands and haunts illegal border crossings. New policies are needed. Open borders are seriously considered only by the most idealistic, and the traditional broad acceptance of a moderate level of illegal border crossing is just a memory.

I don’t mind joining others in prayer, but not this one. I realize, though, that the ideological substance of Garlow’s prayer is less a fringe sentiment than a fundamental reflection of the newly dominant national politics.

Before the September 11 terrorist attacks the term used was “border control” or “border protection,” and only rarely “border security” or “securing the border.” But attitudes have since changed dramatically. The mission statement of Customs and Border Protection (CBP), created in 2003, dedicates the agency to protecting the homeland against “dangerous people and goods”—a clear reference in the post-9/11 environment to terrorists and weapons of mass destruction and an indication of the vastly increased scope of border operations.

The fusion of border control and national security precipitated an ongoing boom in immigration and border enforcement. As part of DHS, CBP and its brother agency, Immigration and Customs Enforcement, immediately benefited from congressional munificence. But it wasn’t until 2005, as the national concern about terrorism began to diminish and the debate over immigration reform started to roil politics, that the border-security bandwagon began rolling in earnest. The House Immigration Reform Caucus, then led by arch-restrictionist Tom Tancredo, launched preemptive strikes against the proposals for comprehensive immigration reform that began surfacing in Congress. Although the hard-line anti-immigrant measures mostly were defeated, they succeeded in shifting the focus of immigration reform from legalization and temporary-work programs to “enforcement-first” policy.

Today the notion that lawlessness is taking over the borderlands and that the border needs securing at all costs has become a bipartisan assumption.

Moving in a parallel and sometimes intersecting path, the Bush administration in 2005 let loose its own border-security zeitgeist under the leadership of DHS Secretary Michael Chertoff, who promised that year to achieve “operational control of both the northern and southern borders within five years.” Bush deployed 6,000 National Guard troops to the border in mid-2006 to “deter illegal immigration.” Bush accepted the restrictionists’ demand that a secure border be a precondition of immigration reform. The House and Senate joined to pass the Secure Fence Act of 2006, and the Bush administration responded by making the steel fence and the proposed “virtual fence” the centerpieces of CBP’s new Secure Border Initiative.

Back then border security was almost solely about immigration, but Senator Cornyn stressed at the time that the debate over immigration reform is “first and foremost about our Nation’s security.”

One of the early players in the merger of the immigration crackdown and border security was Congressman John Culberson, a Texas Republican and member of the House Immigration Reform Caucus. Culberson introduced the Border Law Enforcement Act of 2005, which aimed to combat the specter of “lawlessness in border areas” and brought together anti-immigration hardliners and Texas-border Democrats such as U.S. Representatives Silvestre Reyes and Henry Cuellar. The bill provided talking points that currently shape much of the border-security debate and the funding process, namely that federal officials have been incapable of preventing “criminals, terrorists, and foreign nationals who have entered the United States illegally from engaging in criminal activity” and that the border’s “local and state law enforcement officials are being overwhelmed by growing lawlessness.” Culberson’s proposal never became law, but he did come through with TBSC’s $5 million earmark, the first of five it has received to date.

In 2006 the Border Law Enforcement Act largely was incorporated into the now infamous Border Protection, Anti-Terrorism, and Illegal Immigration Act of 2006, sponsored by Wisconsin Republican Jim Sensenbrenner. The bill passed the House, setting off massive pro-immigrant protests around the country. Regarded at the time as a draconian measure, some of its provisions—building a border fence, making illegal reentry a felony, involving local law enforcement in immigrant arrests—are basic elements of current border-security operations.

Today the notion that lawlessness is taking over the borderlands and that the border needs securing at all costs has become a bipartisan assumption with the imprimatur of the president. Obama steadily has increased aid to border law enforcement. In August he signed the latest security-funding package: $600 million in “emergency” spending to hire patrol and customs agents and pay for communication and surveillance equipment, including unmanned aircraft. He also has deployed additional National Guard troops to the border, giving credence to the unwarranted assertions of many border politicians and law-enforcement officers that the borderlands are reeling from crime.

Upgraded to a national-security issue, border control is now afflicted by the fear-mongering, false threat assessments, and budget-gouging that pervade national-security politics. Sheriffs, together with their federal partners, are resorting to the old drug-war and crime-fighting paradigms that have distorted domestic and foreign affairs for more than four decades. Politics and money, far more than any concerted attention on real dangerous people and goods, are driving a border-security bandwagon unburdened by meaningful oversight. And with its seemingly unlimited reserves of federal dollars, the bandwagon seems unstoppable.

Tom Barry